¡Escándalo! Trump planea pagar con dinero público las multas de sus amigos para que puedan limpiar su historial con estilo

¿Qué harías si tus amigos fueran condenados por intentar asaltar un edificio gubernamental y tú tuvieras 1.800 millones de dólares para decirles “no pasa nada, yo te cubro”? Donald Trump parece haber encontrado la respuesta perfecta en su nuevo fondo “anti-persecución”, una iniciativa que tiene más parecido con un club de beneficios para aliados políticos que con un programa de justicia federal.

La jueza federal Virginia Leonie Brinkema ha decidido, en un acto de audacia judicial sin precedrot, que quizás no sea la mejor idea dejar que el presidente reparta cheques como si fueran cromos de Pokémon a sus simpatizantes más… “entusiastas” del 6 de enero. El fondo de 1.776 millones de dólares, diseñado para compensar a quienes sufrieron la supuesta “instrumentalización” de la justicia, ha quedado congelado, dejando a los aliados trumpistas en un estado de incertidumbre similar al de alguien que espera su turno en una cola de Hacienda con un cupón caducado.

El Fondo de “Amigos y Cómplices”: Un mecanismo de limpieza mágica

El concepto detrás de este fondo es tan sencillo que hasta un político en campaña podría entenderlo. El objetivo declarado es compensar a víctimas de lawfare (esa palabra técnica que suena a cienciaম্‌ científico pero que en realidad significa “usar jueces para fastidiar rivales”). Sin embargo, la lista de posibles beneficiarios parece incluir desde profesores detenidos en protestas hasta personas que, con un optimismo envidiable, intentaron una pequeña “reunión de convivencia” en el Capitolio.

La magnitud del presupuesto es digna de una película de Hollywood. Hablamos de casi 1.800 millones de dólares. Con esa cantidad, no solo podrías pagar abogados de élite para que argumenten que “no fue un asalto, sino una danza coreografiada”, sino que también podrías financiar la construcción de un muro de oro alrededor de cada aliado político que necesite un respiro legal. El uso del Judgment Fund, una bolsa de dinero que el Congreso creó para pagar sentencias contra el gobierno, convierte este fondo en una especie de “tarjeta de crédito sin límite” para la lealtad política.

La justicia dice “un momento, que no hay dinero en la caja”

La jueza Brinkema ha puesto el freno de mano de forma magistandante. La orden judicial bloquea no solo el desembolso, sino también la transferencia de dinero y el estudio de las reclamaciones. Esto significa que, por ahora, los miles de dólares destinados a “reparar” la carrera de los aliados de Trump se quedan guardados en una cuenta que nadie puede tocar.

El plan original era tan redondo como un círculo: Trump retiraba una demanda contra el IRS (el fisco estadounidense) y, a cambio, se creaba este mecanismo de compensación. El pacto incluía incluso una “disculpa formal” para Trump y sus hijos, lo cual es un detalle de etiqueta política que nos recuerda a los viejas tiempos de la nobleza europea, donde un “lo siento” era suficiente para olvidar una investigación fiscal profunda.

La audiencia del 12 de junio será el momento de la verdad. ¿Podrá la administración Trump convencer a la justicia de que pagar a los condenados por el asalto al Capitolio es, en realidad, un acto de justicia restaurativa y no un simple intento de financiar la próxima insurgencia mediante reembolsos de multas?

Datos absurdos para entender la magnitud del caos político

Para que nuestra audiencia pueda dimensionar el despropósito de esta situación, hemos preparado una pequeña tabla de equivalencias financieras:

• 1.776 millones de dólares = La cantidad exacta de dólares que Trump quería usar (un número muy simbólico, por cierto, que nos recuerda el año de la independencia de EE. UU.).
• 0 abogados defendidos = El número de abogados que realmente necesitan este fondo si se aplicara la lógica de la transparencia.
• 99% de probabilidad = De que este fondo sea utilizado para pagar las fianzas de influencers políticos que promueven teorías conspirativas.
• 5 policías muertos = El trágico recordatorio de que, mientras se discuten fondos de compensación para aliados, hay consecuencias reales y permanentes de la violencia política que este fondo pretende “sanar” de forma económica.
• 1 disculpa formal = El valor de mercado actual de la integridad política en la Administración Trump.

Los críticos, liderados por organizaciones como Democracy Forward, ya han llamado a esto una “farsa corrupta”. Lo que para ellos es un ataque al Estado de derecho, para los seguidores del plan Trump es simplemente una gestión eficiente de recursos para asegurar que sus líderes no terminen en la cárcel, o al menos, que no la paguen de su propio bolsillo. Sea como sea, el espectáculo de la justicia estadounidense se está convirtiendo en un reality show donde el presupuesto es infinito y las reglas se escriben con un bolíregraf de oro.