sábado, 17 de octubre de 2026 El diario satírico de Asturias
Oviedo · Sátira

El Principado busca sedes para la Justicia en Llamaquique tras descartar el Centro Cívico

La administración busca ubicaciones tan secretas que incluso los funcionarios no saben si el juzgado estará en Llamaquique o en la luna.

El Principado busca sedes para la Justicia en Llamaquique tras descartar el Centro Cívico
Ilustración generada por inteligencia artificial para Arturo "Arti" Ficial.

En una maniobra que ha dejado a los ciudadanos de Oviedo con más preguntas que respuestas, el Principado ha decidido dar un giro de 180 grados en su estrategia para encontrar un hogar digno para la Justicia en Llamaquique. Tras un intento fallido de “colonizar” el Centro Cívico —un espacio que, según los rumores de pasillo, resultó ser “demasiado intelectual” para el pesado ambiente de los expedientes judiciales—, la administración se ha sumergido en una búsqueda espiritual y burocrática sin precedentes. El objetivo es claro: encontrar metros cuadrados que no sean ni demasiado útiles, ni demasiado visibles, ni tengan demasiada gente que quiera leer libros o disfrutar de la cultura. Se trata del arte de la ubicación invisible, una técnica ancestral que solo los expertos en gestión pública pueden dominar con tal maestría.

La búsqueda del tesoro burocrático: ¿Dónde esconderemos el martillo?

El Gobierno regional, en su infinita sabiduría administrativa, ha decidido que la solución a la reunificación de sedes judiciales debe ser tan sigilosa como un susurro en una biblioteca en viernes por la tarde. Al descartar el Centro Cívico, el Principado no solo ha rechazado un edificio; ha rechazado la posibilidad de que un juez se encuentre en el mismo lugar donde alguien podría decidir, por accidente, asistir a una charla sobre poesía abstracta o historia local. Se teme que la cercanía de la justicia pueda “contaminar” el aura de serenidad del Centro Cívico, o peor aún, que los litigantes puedan confundir una sesión de debate con una audiencia de estrados, creando un caos conceptual que los técnicos de planeamiento urbanístico no están preparados para gestionar.

Por lo tanto, la misión actual es convertir la búsqueda de sedes en un juego de “Dónde está Wally”, pero en versión administrativa y con más sellos de goma. Se están barajando opciones que van desde locales que “podrían ser” oficinas hasta edificios que “en teoría” no están ocupados porque el edificio se ha declarado oficialmente como “espacio mentalmente disponible”. Los funcionarios se mueven por los pasillos de la Junta General con carpetas llenas de planos borrosos, tratando de cuadrar el puzzle de Llamaquique. Es una odisea de planos que no encajan, de presupuestos que se evaporan en el aire y de reuniones que duran tanto que, cuando terminan, los participantes ya han olvidado cuál era el problema original.

La estrategia de “negociar con administraciones públicas y otros operadores privados” suena a lo que ocurre cuando alguien pierde las llaves de su casa y decide preguntar a todos los vecinos si tienen una cerrajería de confianza. Pero en el mundo del Principado, es una danza diplomática de altísimo nivel. ¿Quiénes son estos operadores privados? Nadie lo sabe. Nadie puede decirlo. Son seres de luz, entidades corporativas que habitan en las sombras de los contratos de confidencialidad. El secreto es la mejor herramienta de gestión: si nadie sabe dónde va a estar el juzgado, nadie puede quejarse de que el edificio es pequeño, que el aire acondicionado no funciona o que la fachada se parece demasiado a una panadería abandonada. Es la magia de la incertidumbre arquitectónica aplicada a la justicia pública.

El Centro Cívico, un templo de libros que asusta a los jueces

Hay algo casi sagrado en la decisión de alejar la Justicia del Centro Cívico. La administración parece consciente de que los juzgados y las bibliotecas son fuerzas opuestas del universo. Mientras que el Centro Cívico busca elevar el espíritu a través del conocimiento compartido y el acceso libre a la cultura, los juzgados buscan, con toda la buena voluntad del mundo, el orden mediante la interpretación de leyes y la resolución de conflictos. Ponerlos juntos sería como intentar mezclar café con agua en un vaso que ya está lleno de sopa: una combinación que simplemente no tiene sentido en la lógica urbana contemporánea.

Se dice que el Centro Cívico tiene “demasiada alma” para la frialdad de los expedientes. Es un riesgo de seguridad cultural. ¿Qué pasaría si un usuario del centro, absorto en una novela de realismo mágico, entra en una sala de juicios buscando la entrada a la sala de lectura? ¿Qué pasaría si un juez, abrumado por la carga de trabajo, decide que necesita un respiro y acaba en una exposición de artesanía local, tratando de identificar si una vasija de barro es artesanal o simplemente el resultado de un accidente geológico? Para evitar estos desastres culturales, el Principado prefiere la opción del “espacio cedido por discreción”.

Esta discreción es la joya de la corona de la gestión actual. “No voy a decir quiénes son los operadores” es la frase que debería ser el lema de la transparencia moderna. Es la máxima expresión de la burocracia de seguridad: si el público no sabe quién es tu socio, no puede cuestionar por qué estás comprando un edificio que parece un almacén de zapatos por el precio de un diamante en bruto. La transparencia, en este caso, se entiende como la capacidad de mantener todos los secretos bajo llave hasta que el edificio esté terminado y el juez ya esté sentado en su sillón, mirando hacia ninguna parte con cara de absoluta indiferencia ante el caos administrativo que permitió que eso sucediera.

Sin embargo, la verdadera tragedia es la búsqueda de metros cuadrados. Se necesita espacio para la adjudicación, para los archivos que crecen como setas tóxicas después de cada nueva sentencia, y para ese rincón donde los abogados se reúnen a susurrar verdades incómodas. El Principado busca estos metros cuadrados como si fueran el último refugio de una civilización en extinción. No importa si están en un sótano húmedo, en una azotea sin protección contra el viento o en una oficina compartida con una distribuidora de papas fritas; lo importante es que existan, que seacken en el papel y que el coste sea, por supuesto, perfectamente negociable con esos misteriosos operadores que nadie puede mencionar.

El plan de la “solución a mediano plazo” y el arte de no mover la casilla

Cuando los expertos hablan de una “solución a mediano plazo”, lo que realmente están diciendo es que hoy no hay presupuesto, pero que en el 2031 o el 2035 quizás, y si las estrellas se alinean, la Justicia tendrá un sitio donde sentarse. Es el concepto de la “solución nada”: una maravillosa estructura conceptual que permite iniciar un proceso sin comprometerse con ningún resultado concreto. Es la victoria de la planificación sobre la acción. Al decir que el plan actual no soluciona nada pero que es preferible que las facultades de Llamaquique queden en un limbo legal durante una década, la administración demuestra una capacidad de gestión casi poética.

Es una declaración de principios: “Prefiero que el edificio esté vacío y que la gente se queje de que no hay donde ir, a que hagamos algo útil que nos obligue a gastar dinero de manera productiva”. La lógica es irrefutable. Si se construye algo útil, la utilidad se convierte en una responsabilidad. Si el edificio queda abandonado en un estado de suspensión cuántica administrativa entre la desolación y la esperanza de un uso futuro, se convierte en una escultura monumental del estancamiento. Es la estética de la ruina planificada, un homenaje a los años ochenta donde la acumulación de servicios y la desorganización eran el máximo exponente del progreso.

Y así, mientras el Principado sigue negociando con la Universidad, con el Ayuntamiento y con el “Secreto de Estado” de los operadores privados, los ciudadanos de Oviedo pueden dormir tranquilos. Saben que hay un plan. No saben cuál es, pero saben que existe. Están protegidos por la arquitectura de la duda. Cada vez que el consejero dice que “se necesitan más espacios”, está enviando un mensaje de esperanza: la crisis de metros cuadrados es real, pero la solución es tan compleja que requiere al menos tres décadas de reuniones preliminares para decidir si el juzgado debe tener ventana o si la ventana debe tener una rejilla que le dé un aire de solemnidad extrajudicial. Es la justicia de la espera, la justicia del “luego se verá”, la justicia que, por ahora, se encuentra en el precioso estado de no haber ocurrido todavía.