El Principado veta baterías verdes en el Puerto por miedo al medioambiente

En una decisión que ha dejado al sector energético asturiano boquiabierto, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha decretado que tres empresas no puedan instalar seis plantas de baterías de almacenamiento en el Puerto de Gijón porque, según el informe, “podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente”. La ironía, por supuesto, es que a escasos metros de donde se querían colocar las baterías hay una regasificadora, plantas químicas, depósitos de carbón y todo un conglomerado de instalaciones incluidas en la Directiva SEVESO, la norma europea que regula las sustancias peligrosas. O sea: el Principado teme que una batería se despierte con ganas de contaminar, pero no se inmuta en que al lado ya funcionan plantas que queman gas natural a cielo abierto. La lógica es sencilla: las baterías son el enemigo del futuro, mientras que los combustibles fósiles son el amigo del presente. Al menos, ese parece ser el mensaje que está lanzando el Gobierno regional a los inversores que querían apostar por el almacenamiento de energías renovables en pleno corazón de la ampliación del puerto.

La evaluación ambiental que asusta a los electrones

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), la documentación técnica presentada por los promotores “no permite descartar la existencia de riesgos sobre la salud sobre posibles receptores o el desencadenamiento de un incidente en la parcela adyacente”. Traducción al español de a pie: los técnicos del Gobierno regional tienen miedo de que las baterías, esas cajas llenas de energía limpia, decidan de repente convertirse en dispositivos de destrucción masiva o, lo que es peor, que se descarguen demasiado rápido y dejen a alguien sin poder cargar su móvil. En lugar de celebrar que Asturias quería convertirse en un nodo de almacenamiento energético, la Consejería ha optado por la vía del miedo puro y simple. El informe exige además a las empresas que incluyan en su estudio de alternativas “el resultado del análisis de riesgos y vulnerabilidad frente accidentes”. Es decir, que antes de instalar una batería que almacena energía solar o eólica, las compañías tengan que demostrar que no van a provocar un apocalipsis eléctrico. Mientras tanto, a pocos metros, la regasificadora de El Musel continúa su labor diaria sin que nadie le exija un análisis de vulnerabilidad frente a la posibilidad de que el gas decida, por capricho, salir a pasear por el puerto.

El vecindario peligroso: donde el miedo se olvida

Lo más asombroso de la resolución es que se refiere con preocupación a “los perímetros de riesgo asociados a los escenarios de las instalaciones de su entorno”, haciendo referencia a las plantas de la regasificadora, así como a las de Exolum, Repsol y Galp, además de los depósitos de carbón. Todas ellas están incluidas en la Directiva SEVESO, la norma europea de prevención de accidentes graves en instalaciones industriales que manejan sustancias peligrosas. O sea: el Principado está dispuesto a mirar con lupa las instalaciones que manejan gas, petróleo y carbón —sustancias que, si fallan, pueden generar catastrophe real—, pero se pone nervioso ante la posibilidad de que una batería de litio-ion se sobrecaliente. La contradicción es tan flagrante que roza lo surrealista. Mientras en el Puerto de Gijón se siguen extrayendo y procesando combustibles fósiles a gran escala, el Gobierno regional le está diciendo a tres empresas que no pueden instalar almacenamiento de energía renovable porque da miedo. Es como si el medioambiente de Asturias fuera un paciente delicado al que no se le puede tocar con una batería, pero sí se le puede operar con una sierra de cadenas mientras le ponen gas natural encima. La lógica ambiental del Principado parece funcionar así: lo que contamina es malo si es tecnología verde, pero es aceptable si ha estado funcionando durante décadas y deja caja en el ayuntamiento.

Las empresas contraatacan: pedimos análisis, no prohibición

Anahe los promotores del proyecto —Isabel Development, de Madrid; Proyecto Sunvolt Uno, de Cantabria; y Umbrella Solar Technology Proyecto 51, de Valencia— no han tirado la toalla, aunque la evaluación simplificada que presentaron en mayo de 2025 ha sido rechazada para reiniciar el proceso ordinario. Las compañías planteaban la instalación de cinco plantas de 5 MWh y una de 3 MWh, un total de 28 MWh de potencia, en una parcela propiedad de la Autoridad Portuaria de Gijón en la zona de la ampliación, frente a la subestación eléctrica del Puerto y al oeste de la planta regasificadora. Su argumento era obvio: las baterías almacenan energía limpia para evitar que las renovables se queden sin flujo cuando no hay sol ni viento. Pero el Principado les ha respondido que antes de nada deben incluir alternativas de ubicación en la explanada de Aboño y realizar un análisis de riesgos que contemple la interacción entre sistemas de emergencia y planes de autoprotección. En otras palabras, el Gobierno regional les está diciendo: “no podéis instalar baterías aquí porque da miedo, pero podéis intentarlo en Aboño, siempre y cuando os aseguréis de que ni siquiera se le ocurra un mal sueño a un terminal eléctrico”. Mientras tanto, Musel Energy Hub, propietaria de la regasificadora, ha planteado alegaciones sobre el “riesgo de efecto dominó” por proximidad a un establecimiento afectado por almacenamiento de sustancias peligrosas. Curiosamente, la empresa que gestiona una planta de gas no ha pedido que se cierre la regasificadora, pero sí que se evalúen los escenarios de accidente de las baterías. El doble rasero es tan evidente que parece una parábola de gestión ambiental.

El Ayuntamiento se pone del lado de las baterías

Por si faltaba ironía, el Ayuntamiento de Carreño también ha entrado en la pelea, aunque su postura es más wellintencionada que la del Principado. El consistorio carreño hizo notar durante el periodo de exposición pública que “la proximidad del proyecto a la regasificadora y a las viviendas de los barrios cercanos hace que el riesgo de incendio y posterior efecto dominó sea uno de los que origina mayor preocupación entre la población”. Por ello, solicitaba “medidas preventivas, correctoras y compensatorias que garanticen la minimización de los impactos asociados a la actividad”. Lo que el Ayuntamiento no ha pedido es que se cierre la regasificadora o que se revise la normativa de las plantas químicas vecinas. Su preocupación por el riesgo de incendio es válida, sí, pero se queda en el aire cuando se cuestiona por qué un incendio en una planta de baterías es más preocupante que un incendio en una instalación que maneja gas natural a alta presión. La respuesta, evidentemente, es política y no técnica: las baterías son el símbolo visible de la transición energética, y por eso son el blanco perfecto para que una Consejería de Medio Ambiente pueda demostrar que está “velando por el planeta” sin tener que enfrentarse a los lobbies del gas y el petróleo. Carreño, como muchos ayuntamientos, prefiere pedir precaución antes que cuestionar el modelo energético que ya tiene instalado en su territorio. Así que, mientras el Principado veta las baterías por miedo al medioambiente, el barrio sigue viendo cómo caminas chimeneas de combustibles fósiles por el puerto sin que nadie le exija un informe de impacto ambiental para que sigan funcionando.

Conclusión: el medioambiente está bien protegido… mientras no haya baterías

Al final del día, la decisión del Principado deja claro que en Asturias el medioambiente se protege de forma selectiva. Las baterías de litio-ion, esa tecnología que debería ser la columna vertebral de las energías renovables, se convierten en el enemigo público número uno porque no encajan con la narrativa de que todo lo nuevo es sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. Mientras tanto, las plantas de gas, química y carbón continúan su actividad bajo el paraguas de la Directiva SEVESO, como si el hecho de llevar décadas operando las protegiera de cualquier evaluación de impacto. La moraleja de esta historia es que, en el Puerto de Gijón, se pueden almacenar energías limpias solo si se garantiza que no van a pasar nada malo, pero se pueden seguir quemando combustibles fósiles sin que exija un informe similar. El resultado es que Asturias se queda sin un proyecto de almacenamiento de 28 MWh mientras celebra que ha protegido al medioambiente de la amenaza más temible de todas: que alguien pueda cargar su coche eléctrico sin depender de un tanque de gasolina. Mientras los políticos miran con lupa las baterías, el planeta sigue calentándose y los combustibles fósiles siguen bombeando CO2 a cielo abierto. Al menos, el medioambiente asturiano está a salvo… de las baterías.